¿Pero alguien puede estar en contra? ¿Existen monstruos semejantes?
Pues sí.
Tenía previsto escribir esta entrada con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero me retrasé. Sin embargo, ahora quiero explicar por qué me parece que esta declaración no nos hace ningún bien. Y es que a pesar de las buenas intenciones de muchos de sus artículos, a pesar de que algunos artículos expresan cosas que cualquier persona racional valora como lo más importante en su escala de valores, hay otros artículos que entran en grave contradicción con estos.
Mi principal queja es con el artículo 22, en el que dice que todo el mundo tiene derecho a la Seguridad Social, y con el 26, donde dice que todo el mundo tiene derecho a una educación gratuita. Luego, el artículo 13 señala el derecho a moverse dentro de las fronteras de tu país y viajar fuera de ellas. Pues bien, estos derechos son incompatibles: porque si un gobierno ofrece sanidad y educación gratuitas, ¿cómo va a permitirse la libre circulación de personas? Es cierto que España, por ejemplo, no puede abrir sus fronteras – nuestro sistema sanitario y educativo se verían irremediablemente destrozados.
Que nadie se engañe, la seguridad social y la educación pública son la razón por la que España ha levantado un muro en Ceuta y Melilla. Si el gobierno no ofreciera estas cosas de manera gratuita, podría existir la libre circulción de personas, y menos gente moriría en las miserables condiciones que se dan en el continente africano. La seguridad social no protege a los pobres, como nos pretende hacer creer la progresía; la seguridad social protege a la clase media y mata a los pobres. Porque, ¿los de las Barranquillas se benefician de la sanidad pública? ¿Los somalíes? ¿Los sin techo? No. A ellos los ayudan ciudadanos anónimos, gente que les facilita medicamentos y vacunas (artificialmente encarecidos por el sistema de subvenciones establecido por la sanidad pública) a pesar de que esta gente haya caído fuera de las redes de la “ayuda social”.
Con respecto a la educación, el artículo referente a ella dice que será “obligatoria”. El problema se presenta cuando debemos establecer baremos que determinan qué es la educación. En la China de Mao la educación era plantar patatas. En España, aprender lenguas clásicas no es educación, y sin embargo, sí lo es obligar a los niños a aprenderse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuanto la educación es obligatoria, tienen que entrar unos criterios impuestos por un ministerio – una vulneración al derecho de los padres de educar a sus hijos como quieran; fomentando la creación de pequeños autómatas que, según la época y el gobierno que esté en el poder, ora rezan un Padre Nuestro, ora aprenden que las Letras no sirven para nada.
Así, sin negar el espíritu noble de la Declaración, hay que reconocer que es un producto de una sociedad que promueve el control estatal y el estado del bienestar para unos pocos elegidos que han nacido en el sitio adecuado, cerrando las puertas a quienes no han tenido esa suerte. Ya dijo Milton Friedman que el libre movimiento de personas y el estado de bienestar eran incompatibles, y un documento que defiende ambas cosas simultáneamente falla de forma grave.